WASHINGTON - Una coalición de activistas pro reforma migratoria anunció
una petición nacional para exigir que una funcionaria de alto rango de la Casa
Blanca “diga la verdad” sobre un controvertido programa de deportación de
inmigrantes indocumentados.
La campaña de presión está dirigida contra la
directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz,
después de que la funcionaria defendiera el controvertido programa Comunidades
Seguras en el documental “Lost in DetenTion”, transmitido el martes pasado por
la cadena televisiva PBS.
Comunidades Seguras, que será ampliado a todo el país para 2013, fue puesto en marcha en 2008 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de deportar a delincuentes peligrosos, a los detenidos en la frontera y a quienes continúen violando las leyes de inmigración.
Bajo ese programa, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comparte las huellas digitales de todo detenido con el DHS.
Bajo fuertes críticas
Pero Comunidades Seguras ha sido objeto de críticas de grupos cívicos y religiosos porque, según cifras oficiales, también se ha utilizado para deportar a personas por infracciones menores.
En la petición, puesta en marcha el lunes por la coalición encabezada por Presente.org, los activistas piden que Muñoz “denuncie” ese programa, regrese a sus raíces y retome su papel en la lucha “por la justicia".
Como ex vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Muñoz “era una defensora de los derechos de los inmigrantes. Ahora es la principal defensora de fallidos programas como Comunidades Seguras que son responsables del encarcelamiento inhumano de centenares de miles de inmigrantes”, reza la petición.
Comunidades Seguras, que será ampliado a todo el país para 2013, fue puesto en marcha en 2008 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con el objetivo de deportar a delincuentes peligrosos, a los detenidos en la frontera y a quienes continúen violando las leyes de inmigración.
Bajo ese programa, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comparte las huellas digitales de todo detenido con el DHS.
Bajo fuertes críticas
Pero Comunidades Seguras ha sido objeto de críticas de grupos cívicos y religiosos porque, según cifras oficiales, también se ha utilizado para deportar a personas por infracciones menores.
En la petición, puesta en marcha el lunes por la coalición encabezada por Presente.org, los activistas piden que Muñoz “denuncie” ese programa, regrese a sus raíces y retome su papel en la lucha “por la justicia".
Como ex vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Muñoz “era una defensora de los derechos de los inmigrantes. Ahora es la principal defensora de fallidos programas como Comunidades Seguras que son responsables del encarcelamiento inhumano de centenares de miles de inmigrantes”, reza la petición.
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